EE.UU. identifica, sanciona e investiga a 20 funcionarios corruptos del CNU y universidades

Estados Unidos incluyó en su "Lista Engel" a 20 funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las universidades de Nicaragua, quienes han sido sancionados y son investigados por actos de corrupción y socavar las instituciones democráticas.  

El Departamento de Estado hizo público un informe enviado al Congreso sobre personas extranjeras que "han participado a sabiendas en acciones que socavan los procesos o instituciones democráticos, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre dichos actos de corrupción" en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 

Entre los funcionarios están Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU); Roberto Enrique Flores Díaz, Secretario de la CNU de Nicaragua, y Jaime López Lowery, secretario técnico del mismo órgano rector de las universidades que ha sido convertido en un brazo represor.

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También han sido incluidas las autoridades de las universidades creadas por el orteguismo tras ilegalizar y confiscar las principales universidades del país, entre ellas la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en cuya sede instaló la denominada Universidad Casimiro Sotelo, cuya vicerrectora, Luz Marina Ortis Narváez, es parte de los sancionados.

Otros sancionados son la rectora y vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional, Lilliam de Jesús Lezama Gaitán y Henry Antonio Balmaceda Zamora.  Esta casa de estudios también en edificios confiscados, en este caso los de la Universidad Politécnica de Nicaragua. En la lista también figuran autoridades del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y de la Universidad Multidisciplinaria Nacional Ricardo Morales Avilés.

Estos funcionarios han estado envueltos en corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso a través del lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales.  

El Departamento de Estado asegura que continuará examinando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir y desbaratar las actividades corruptas y antidemocráticas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.   

“El Departamento también continúa revisando información y denuncias creíbles adicionales sobre corrupción o actividad antidemocrática y utilizando todas las autoridades aplicables, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue refugio seguro en Estados Unidos”, detalla la Administración. 

La Lista Engel, llamada así por el congresista demócrata Eliot Engel que la promovió en 2019, es elaborada por el Departamento de Estado e implica la imposición de sanciones para las personas que son incluidas en ella.
 

Los sancionados son:

Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU), socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia al tomar el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.

Roberto Enrique Flores Díaz, Secretario de la CNU de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.

Jaime López Lowery, secretario técnico de la CNU de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.

Isaias Hernández Sánchez, director de Planificación y Desarrollo de la CNU de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.

Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.

Nivea del Socorro González Rojas, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.

Francisco Martín Jácamo Ramírez, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para suprimir la disidencia al tomar el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalar partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.

Luz Marina Ortis Narváez, vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.

Moisés Ignacio Palacios, secretario general de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político Sandinista FSLN de Ortega.

Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad de la Universidad Politécnica Nacional y a los estudiantes que no participan en actividades políticas para el partido político sandinista FSLN de Ortega.

Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad y a los estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

María Alejandra Martínez Guadamuz, secretaria general de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad y a los estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

Johana Elena Torrez Mendoza, rectora de la Universidad Multidisciplinaria Nacional Ricardo Morales Avilés, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad y a los estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

José Ramón Velásquez Hernández, vicerrector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria de Ricardo Morales Avilés, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

Juan Carlos Benavides Fuentes, rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza y a los estudiantes que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad y a los estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

José Elías Álvarez, secretario general de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos o instituciones democráticas participando en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad y a los estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

Flor de María Pérez Vélez, rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad y a los estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

Javier Guillermo Hernández Munguía, vicerrector de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad y a los estudiantes que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.

Claudia Patricia Jovel Castillo, secretaria general de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y para suprimir la disidencia utilizando su posición para implementar políticas que castiguen a la facultad y a los estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.